Buenos Aires, (AICA). Los participantes del Encuentro Nacional para
Delegados de Pastoral Migratoria, que se llevó a cabo del 9 al 11 de julio en
Buenos Aires, instaron a la comunidad eclesial a “ver en el migrante no
solamente una persona en condiciones de vulnerabilidad, sino un ‘sujeto
fuerte’, con una cultura propia que puede ser valorizada para beneficio de toda
la sociedad y de toda la Iglesia”.
Al término de las deliberaciones, dieron a conocer una serie de “desafíos a
futuro que ameritan acciones en el corto plazo”, sobre todo advirtieron que “se
evidencian muchos casos de explotación laboral y sexual en perjuicio de los
migrantes, perpetrados tanto por argentinos como, en algunos casos, por sus
mismos compatriotas”.
“Los rubros más afectados en este sentido son los talleres textiles, el
trabajo en el campo y en los hornos de ladrillos”, precisaron, al tiempo que se
insistió en decir que “una sociedad se puede definir desarrollada justamente
cuando sabe aprovechar la diversidad cultural presente en sus miembros y
facilitar la reciprocidad entre ellos”.
También reclamaron “un mayor compromiso del clero, las parroquias y la
Iglesia en general, para que conformen y fortalezcan los equipos diocesanos de
pastoral migratoria”, y reiteraron “la necesidad de favorecer una
concientización sobre la ley, sus aplicaciones concretas y sobre la temática de
las migraciones, especialmente en los funcionarios públicos que, en algunos
casos, no conceden a los migrantes aquellos derechos que la misma Ley les
otorga”.
Los delegados sugirieron a los organismos públicos “ampliar la
interpretación del criterio de radicación por empleo descrito en la Ley
Nacional de Migraciones”, al recordar que acceder a un “trabajo en relación de
dependencia es un logro inalcanzable para muchos inmigrantes provenientes de
países Extra-Mercosur en la Argentina actual y de hecho impide su
regularización migratoria”.
Sin embargo, reconocieron que “el avance alcanzado por distintas
organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Iglesia, en el conocimiento
y la aplicación de la Ley Nacional de Migraciones, al punto que en algunas
regiones del país se ha llegado a la paradoja de que éstas ofrezcan
capacitación gratuita en esa temática a los mismos funcionarios públicos”.
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