Los pueblos originarios de América, desde
Canadá hasta el cono Sur, viven afectados por numerosos proyectos de desarrollo
y de extracción de recursos naturales, pues la mayoría de ellos se establecen en
sus territorios y suponen una verdaderaamenaza, que puede llegar a
sudesaparición.
Según el informe de Amnistía Internacional
sobre los pueblos indígenas,Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo, a
la marginación y discriminación histórica se suma ahora laconnivencia entre
los diferentes estados con grandes multinacionales, que además de provocar
desastres medioambientales han sembrado división y discordia entre las
comunidades indígenas.
Con motivo del Día Internacional de los Pueblos
Indígenas, que se celebra el próximo 9 de agosto, AI llamó a los gobiernos de
América para que dejen de dar prioridad a proyectos de desarrollo sobre
los derechos de esas comunidades, pues son los principales perjudicados de los
planes de extracción de minerales, recursos energéticos o de aprovechamiento de
parajes naturales para grandes consorcios turísticos. Esto ocurre en la
Amazonia, pero también en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica o en el cono
Sur. Se calcula que 40 millones de indígenas viven en América.
Resulta alarmante comprobar cómo
se violan continuamente los derechos humanos de millones de indígenas en toda
América. Su supervivencia cultural y física se encuentra ahora en peligro
porque no hay voluntad política para reconocer, respetar y proteger sus
derechos, cuando éstos se consideran un obstáculo para el crecimiento
económico, explicó Susan Lee, directora del Programa Regional para América de
AI.
Una de las conclusiones del
informe, basado en el trabajo de campo y en la recopilación de denuncias y alertas
de las propias comunidades, es que los pueblos indígenas se han convertido en
unestorbo para los intereses comerciales, por lo que los amenazan, los
desalojan por la fuerza, los desplazan y hasta los matan en su afán por
explotar recursos naturales de las zonas en las que viven. Un drama que se
ha agudizado por factores financieros, como la extracción de recursos naturales
que sostienen las economías de varios países de la región y la recurrente
corrupción de los gobiernos con grandes empresas.
Por ejemplo, en Brasil prosigue
la construcción de la presa de Belo Monte en el río Xingu, en la Amazonía, a
pesar de la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para
detener el proyecto hasta que se evalúe exhaustivamente su impacto sobre las comunidades.
En países de toda la región como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador,
Guatemala, México, Panamá y Perú se ha omitido consultar a los pueblos
indígenas antes de aprobar leyes que amenazan su medio de vida. También se han
realizado planes de desarrollo en tierras ancestrales sin respetar su derecho
al consentimiento libre, previo e informado.
Fernanda Daz Costa, redactora del
informe de AI, explicó a La Jornada que “preocupa el aumento del
interés en ciertas materias primas y recursos naturales en territorios de esas
poblaciones.
“Pero también destaca que se ha
incrementado la organización de los propios indígenas para expresarse. Sin
embargo, la constante es un escenario de intensa conflictividad social que en
muchos casos deriva en violencia, enfrentamientos en los que se involucran
agentes del Estado. O la violencia la ejercen los propios servicios de
seguridad de empresas que buscan extraer recursos naturales. Así que los
agentes externos (las empresas) operan para dividir a las poblaciones. Hay
casos de comunidades que se enfrentan entre sí.
La investigadora reconoció que
esdifícil probar la relación de grandes empresas con los asesinatos
políticos, la persecución judicial, amenazas y la desaparición forzada de
líderes indígenas.Pero hay muchos indicios y denunciasque apuntan a esa teoría,
la de la participación de servicios de seguridad de multinacionales en la
creación de grupos paramilitares o que eliminan a líderes problemáticos.
Todo esto con la connivencia del gobierno o del Estado, explicó Daz Costa, citó
como caso paradigmático el de la comunidad Sarayacu, en Ecuador, que hoy está
ante la CIDH. En este caso la comunidad probó que la empresa Texaco llegó
acompañada del ejército en la década de los 90 y cometió numerosos secuestros,
amenazas, violencia y asesinatos. Digamos que la empresa y el gobierno actuaron
de forma coordinada, explicó.
Indicó que hay numerosas
denuncias de la supuesta vinculación de multinacionales que financian a
paramilitares, que en el caso de Colombia han ocasiondo muertes y destrucción
el país. Muchas veces el eje de la discriminación es que el Estado no
tiene herramientas legales suficientes para exigir a las empresas que actúen
con base en los derechos humanos. Los organismos fiscalizadores del Estado no funcionan
o simplemente la corrupción se impone.
El informe completo se puede
consultar en la siguiente dirección:www.amnesty.org
Fonte: http://www.jornada.unam.mx
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